Más de 360 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria aguda en 2023, un 20% más que el año anterior, según datos recientes del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias. La causa principal: los conflictos armados. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) trabaja actualmente en el quinto volumen de su serie Salud Pública y Conflictos Bélicos, centrado en inseguridad alimentaria, cuyas conclusiones adelanta hoy con motivo del Día Mundial contra el Hambre (28 de mayo).
SESPAS advierte de que las guerras están convirtiendo el hambre en un arma letal contra la población civil, con consecuencias devastadoras para la salud pública mundial. Además, estas cifras reflejan un patrón global preocupante: el número de conflictos activos alcanzó niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, con 56 conflictos documentados en 2024 según el Índice de Paz Global.
Sudán se ha convertido en el país con más personas en situación de crisis alimentaria del mundo: 25,6 millones de personas (más de la mitad de su población) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda. De estos, 8,5 millones enfrentan condiciones de emergencia y 755.000 sufren hambruna catastrófica, según datos del Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). Además, las tasas de muerte infantil van en aumento. El conflicto ha destruido infraestructuras clave, bloqueado el acceso a tierras de cultivo y permitido el saqueo sistemático de ayuda humanitaria por parte de grupos armados.
Asimismo, en la Franja de Gaza, los ataques israelíes han provocado la muerte de más de 43.000 personas, incluyendo 13.500 menores, y han desplazado al 85% de la población, según datos de UNICEF recogidos por SESPAS. Cerca de 100.000 personas viven en condiciones extremadamente precarias, con acceso casi nulo a alimentos, agua potable y atención médica, advierten desde la Sociedad.
La destrucción sistemática de hospitales, mercados, pozos de agua potable y sistemas de distribución de alimentos ha exacerbado una crisis humanitaria que afecta a más de 2,2 millones de palestinos, con niveles alarmantes de malnutrición aguda, enfermedades diarreicas y mortalidad infantil. En este contexto, la falta de acceso seguro de organizaciones internacionales a zonas de guerra dificulta la evaluación objetiva de las condiciones nutricionales mediante herramientas como la CIF, lo que impide declarar formalmente situaciones de hambruna a pesar de la evidencia clínica y epidemiológica creciente.
Desde SESPAS subrayan que, a pesar de que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe privar deliberadamente a la población civil de alimentos, el uso estratégico del hambre como arma de guerra persiste. Prácticas como el bloqueo de rutas comerciales o la destrucción de tierras agrícolas tienen consecuencias letales, aunque no se clasifiquen técnicamente como hambruna. La Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU (2018) reconoce este problema, pero su implementación sigue siendo limitada debido a barreras geopolíticas y a la fragmentación de actores involucrados.
Frente a esta crisis, organizaciones internacionales han impulsado el enfoque del "triple nexo", que busca integrar la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz para combinar emergencia con soluciones sostenibles. Este modelo es clave: coordina actores locales e internacionales para fortalecer sistemas alimentarios resilientes y prevenir futuros conflictos, explican desde SESPAS. Sin embargo, su aplicación tropieza con obstáculos como la falta de financiación predecible, la burocracia y la dificultad de operar en zonas controladas por grupos armados.
Asimismo, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en marzo de 2025 ha reducido drásticamente el flujo de ayuda humanitaria en zonas críticas como Gaza, Sudán o Yemen. Desde SESPAS insisten en rediseñar los mecanismos de financiación global y priorizar alianzas entre organismos internacionales, ONGs y redes comunitarias para paliar esta crisis.
SESPAS concluye con un llamamiento a la comunidad internacional para fortalecer los sistemas alimentarios resilientes, garantizar el cumplimiento del DIH y avanzar en la prevención de conflictos. Sin medidas urgentes, el mundo retrocederá décadas en seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, alertan desde la Sociedad.