La situación alimentaria ha alcanzado niveles críticos y alarmantes, constituyendo una emergencia humanitaria de proporciones históricas, denuncia la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
Desde Sespas recuerdan que la Franja de Gaza está siendo sometida a una política de exterminio por hambre mientras que Sudán sufre las consecuencias de largos conflictos que han mermado su producción alimentaria. "No hay eufemismos posibles: el hambre en Gaza y Sudán es una herramienta de guerra, aplicada de forma deliberada y sistemática por el Estado de Israel o por señores de la guerra respectivamente en flagrante violación del derecho internacional y de toda norma de humanidad", destacan.
Por ello, "como organizaciones y ciudadanos comprometidos con la defensa la salud pública y de los derechos humanos, denunciamos la grave crisis de hambre y desnutrición que afecta a la población civil gazatí y sudanesa, resultado directo del bloqueo, la violencia y la obstrucción sistemática de la ayuda humanitaria y las ONG".
En un comunicado resaltan varios puntos de toda esta situación.
Actualmente, el 91 % de la población de Gaza vive en situación de “crisis” de inseguridad alimentaria (fase tres y superiores), según los estándares internacionales. De ellos, 345.000 personas –incluyendo una gran proporción de niños y mujeres– se encuentran en la fase cinco, la más grave, que equivale a hambruna total e inminente. Las cifras son elocuentes: la hambruna ya no es una amenaza, sino una realidad cotidiana para cientos de miles de familias palestinas. La Red de ONG Palestinas advierte de un desastre humanitario sin precedentes, con riesgos especialmente elevados para los niños menores de cinco años y las madres lactantes, quienes no reciben la nutrición mínima necesaria para sobrevivir y desarrollarse.
En junio de 2024, el Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases predijo que más de la mitad de la población del Sudán, esto es, 25,6 millones de personas, afrontarían “crisis de peores” condiciones, coincidiendo con el período de escasez. Esto hace que las familias estén adoptando estrategias de resistencia en materia de consumo, como saltarse comidas o vender posesiones para comprar alimentos; 8,5 millones de personas se encuentran en la Fase 4 de Emergencia de la CIF y las tasas de muerte infantil van en aumento. Unas 755.000 personas afrontan el nivel 5 relativo a condiciones de Catástrofe o Hambruna.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha agotado todas sus reservas de alimentos en Gaza, tras semanas de cierre de los pasos fronterizos y la imposibilidad de entrada de suministros esenciales. Las 25 panaderías que abastecían de pan a la población cerraron el 31 de marzo debido a la falta de harina y combustible, dejando a la población sin acceso ni siquiera al alimento más básico. El pan, que era el último salvavidas para muchas familias, ha desaparecido de las mesas gazatíes. Los precios de los alimentos han subido un 1.400 % respecto a la época previa al bloqueo, haciendo imposible la adquisición de productos básicos incluso para quienes aún disponen de algunos recursos.
El conflicto del Sudán se inició en las ciudades, las cuales son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria al depender de alimentos que se producen en otros sitios. El conflicto ha restringido gravemente el acceso a tierras de cultivo, el movimiento de ganado y las actividades estacionales, lo que ha dificultado sumamente que los hogares produzcan alimentos. Se han destruido importantes infraestructuras para la producción y el almacenamiento de alimentos y las perturbaciones de las cadenas de suministro han limitado aún más la disponibilidad y la distribución de semillas, insumos y financiación agrícola. La violencia está reduciendo el acceso a agua y pastos para el ganado y alterando la migración estacional en zonas de fuertes enfrentamientos.
Además, señalan que la desnutrición aguda se extiende rápidamente. Más de un millón de menores pasan hambre a diario y la desnutrición infantil se ha multiplicado varias veces desde el inicio de la guerra. El acceso a lácteos, huevos, fruta y carne es prácticamente inexistente desde hace semanas. La falta de agua potable agrava aún más la crisis, exponiendo a la población a enfermedades y aumentando el riesgo de mortalidad. Según datos oficiales del Gobierno de Gaza, al menos 53 personas han muerto ya por hambre y desnutrición, entre ellas 50 niños. Miles de familias no logran proporcionar ni una sola comida diaria a sus hijos.
El número de niños sudaneses que se enfrenta a una grave escasez de alimentos casi se duplicó en la primera mitad de 2024 y un 75 % pasa hambre a diario mientras el conflicto impulsa el hambre a niveles sin precedentes. Según la hipótesis más probable, la intensificación de los conflictos acentuará el riesgo de hambruna antes del pico de la temporada de escasez para siete millones de personas que se enfrentarán a niveles catastróficos de hambre (nivel 5). Con la perspectiva de inanición masiva, cientos de miles de niños sudaneses morirán de hambre en 2025.
En Gaza, más de 116.000 toneladas de ayuda alimentaria, suficientes para alimentar a un millón de personas durante cuatro meses, están bloqueadas en los corredores humanitarios, a la espera de autorización para entrar en el territorio. La justificación de impedir la entrada de ayuda por temor a su desvío no puede, bajo ninguna circunstancia, prevalecer sobre la obligación de proteger la vida de la población civil. La ONU y diversas organizaciones han denunciado que la denegación deliberada de alimentos constituye una violación grave del derecho internacional humanitario y podría considerarse un crimen de guerra.
En Sudán los organismos humanitarios han sido víctimas de diferentes agentes armados y las milicias en busca de ganancias monetarias y el saqueo de camiones, oficinas y almacenes está reduciendo la capacidad de las organizaciones humanitarias. La región occidental de Darfur, donde la amenaza es mayor, se encuentra prácticamente desprovista de ayuda humanitaria. Para la CIF resulta difícil desde el punto de vista técnico declarar una situación de hambruna, debido a la falta o la insuficiencia de datos fiables, así como a la imposibilidad de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales o internacionales entren de forma segura en zonas de guerra.
La Resolución 2417 del Consejo de Seguridad de la ONU representa un hito en el reconocimiento y condena internacional del hambre como arma de guerra, incentivando iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil para enfrentar este problema. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos, entre ellos la falta de mecanismos efectivos para recopilar información basada en evidencia sobre el uso del hambre como estrategia bélica, su autoría y consecuencias, lo que dificulta la rendición de cuentas y la aplicación efectiva de la resolución. Aun así, es un instrumento jurídico y político clave que reafirma la protección de la población civil y los bienes esenciales para su supervivencia, y promueve mecanismos para prevenir y sancionar estas prácticas, aunque su aplicación práctica aún enfrenta importantes retos.
Desde Sespas piden a la comunidad internacional y responsables "la apertura inmediata y sostenida de los pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones; la protección efectiva de los convoyes y trabajadores humanitarios, garantizando que la ayuda llegue a quienes la necesitan; el cese inmediato de todas las acciones que impidan el acceso a alimentos, agua y medicinas; y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y el enjuiciamiento de quienes resulten responsables de usar el hambre como arma de guerra".
"La situación en Gaza y Sudán es insostenible y exige una respuesta inmediata y contundente. No podemos permitir que la indiferencia y la inacción condenen a millones de personas a la inanición y la desesperación. Gaza y Sudán necesitan ayuda urgente, y la necesitan ahora", concluyen.