"Se necesitan políticas públicas valientes que pongan límites a la publicidad de alimentos insanos"

La Universidad Autónoma de Barcelona ha entrevistado a Dina Bashir, coordinadora de Justicia Alimentaria en Cataluña, que ofrece la conferencia inaugural de la Semana Saludable y Sostenible titulada  “Las mentiras que comemos”,  donde analizará cómo la industria alimentaria utiliza estrategias publicitarias engañosas para hacer pasar productos insanos como saludables y sostenibles. 

- Sobre la conferencia que imparte en la UAB, ¿cuáles son, a rasgos generales, las principales “mentiras que comemos”?

En la conferencia hablamos de las "mentiras que comemos", literalmente. En Justícia Alimentària hace tiempo que denunciamos cómo la industria alimentaria utiliza mensajes e imágenes para hacernos creer que ciertos productos son saludables, sostenibles o naturales… cuando en realidad no lo son. Es muy fácil caer: un envase verde, una palabra como artesano o light, un famoso haciendo un anuncio, y ya nos tienen. Lo que veremos es cómo funcionan estos trucos publicitarios , qué se esconde detrás y cómo podemos aprender a mirar las etiquetas y la publicidad con ojos críticos. La idea no es demonizar nada, sino dar herramientas para no dejarnos engañar tan fácilmente. ¡Y sí, también nos divertiremos un poco descubriendo cómo nos venden azúcar disfrazado de salud!

- Hable del greenwashing alimentario como la mayor amenaza sobre nuestra salud, el medio ambiente y los derechos humanos, disfrazada de libertad. ¿Es así? 

Totalmente. El greenwashing es una estrategia que utiliza la industria alimentaria para hacer pasar productos como sostenibles o saludables cuando no lo son. En el informe Las mentiras que comemos lo mostramos con ejemplos concretos: productos con envases verdes, palabras como "natural" o "eco", que esconden modelos de producción intensivos, explotación laboral o impactos ambientales graves.

Con este maquillaje verde, se blanquean prácticas que tienen consecuencias muy reales sobre el territorio, la salud y los derechos humanos. Y esto, bajo la falsa idea de que estamos escogiendo libremente.

- Alrededor del 80 % de los anuncios de alimentación procesada destinados a niños y niñas publicitan productos con elevado contenido de calorías, sal, grasas de mala calidad o azúcares refinados. Los efectos de la salud son preocupantes: alrededor del 35 % de la población infantil del Estado sufre obesidad o sobrepeso. ¿Qué podemos hacer al respecto?

No podemos permitir que la salud de los niños se juegue en el mismo mostrador de juego que los intereses de la industria alimentaria. Es una situación que vulnera derechos y que debe tener una respuesta institucional clara. Hacen falta políticas públicas valientes que pongan límites a la publicidad de alimentos insanos dirigida a los niños y niñas, como ya se hace con el tabaco. No estamos hablando sólo de un exceso de azúcar o grasa, sino de un modelo que prioriza el beneficio económico por encima de la salud pública.

Asimismo, es imprescindible incorporar la educación alimentaria desde la escuela primaria, de forma transversal y conectada con la experiencia de los niños: huertos escolares, comedores saludables, cocinas abiertas al debate ya la participación. Pero educar no es suficiente si no garantizamos que comer bien sea accesible y asequible para todos. La lucha contra la obesidad infantil no puede delegarse en las familias: debe ser una responsabilidad colectiva y una prioridad política.

- ¿Es posible producir alimentos en la cantidad y calidad necesaria para alimentar a la población sin pesticidas? ¿Qué posición tiene al respecto? 

Sí, es posible y, de hecho, es el camino a seguir si queremos un futuro saludable y sostenible. Los pesticidas químicos de síntesis tienen un impacto directo sobre la biodiversidad, la salud humana y la calidad del suelo y el agua. Apostar por la agroecología no es sólo una alternativa viable: es una necesidad.

Pero esta transición no puede recaer sólo sobre el campesinado. Es necesaria una voluntad política clara , apoyo económico y cambios legislativos que hagan posible producir alimentos sanos y sostenibles sin poner en riesgo la viabilidad de quien los produce. Si queremos un sistema alimentario justo, hay que cuidar también a quien nos alimenta y con qué herramientas lo hace.

- ¿Se puede comer sano sin hacerse pobre? Es decir, ¿qué podemos hacer para hacer frente a los precios tan ajustados que ofrece la industria alimentaria en las superficies comerciales frente a los pequeños productores y comercios en los que los precios no pueden ser tan ajustados?

Hoy en día, comer de forma saludable y sostenible a menudo cuesta más de lo que muchas familias pueden asumir. Y esto es profundamente injusto. Si los alimentos que cuidan de la salud y el territorio son caros, significa que el sistema está mal diseñado. No podemos dejar la salud en manos del poder adquisitivo.

Hay que actuar sobre las estructuras: revisar la fiscalidad alimentaria, apoyar a los pequeños productores, impulsar mercados de proximidad y, sobre todo, promover una compra pública alimentaria transformadora. Si comedores escolares, hospitales o residencias apuestan por proveedores locales y alimentos sanos, estamos abriendo caminos reales hacia la equidad alimenticia. Es hora de que las políticas alimentarias estén al servicio del bien común y no de los intereses del mercado.

- En la sociedad actual los pequeños y medianos campesinos se han convertido en una pieza insignificante y de poco valor frente a un sistema que alimenta la fortuna de un puñado de millonarios. ¿Qué hacer frente a esta problemática? 

El campesinado ha sido arrinconado por un modelo que concentra poder y beneficios en pocas manos. Y esto es un problema estructural. Es necesario proteger la producción local, garantizar precios justos y facilitar el acceso a la tierra ya los recursos. Si no defendemos a quienes nos alimentan, no hay futuro para un sistema alimentario justo. Sin campesinado, no hay soberanía alimentaria.

- ¿Qué papel deben jugar las administraciones públicas si como sociedad queremos una alimentación sana, que respete el medio ambiente y los derechos humanos? ¿Se necesitan unas políticas públicas diferentes?

No sólo son necesarias políticas públicas diferentes, es necesario un cambio de rumbo profundo y valiente . Las administraciones tienen una responsabilidad clara como titulares de obligaciones : proteger el derecho a la alimentación y garantizar que éste sea saludable, justo y sostenible.

Esto significa poner la salud, la soberanía alimentaria y el bienestar de los territorios en el centro de las políticas económicas, ambientales y sociales. Quiere decir, también, apostar por la compra pública como herramienta transformadora, apoyando a los pequeños productores, garantizando menús escolares que cuiden la salud de los niños y reduciendo la dependencia del modelo agroindustrial.

La defensa del campesinado, la sostenibilidad y la alimentación pública no son opciones: son compromisos políticos inaplazables si queremos un futuro con alimentos que respeten a las personas y al planeta.

- ¿ Y como ciudadanos, en nuestro día a día, qué pasos debemos seguir para cambiar esta dinámica?

Todas tenemos un papel que jugar. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de tomar conciencia de cómo formar parte de un cambio que ya está en marcha. El sistema alimentario que tenemos no es neutro: beneficia a unos pocos, excluye a muchos y tiene consecuencias directas sobre el planeta y nuestras vidas.

Por eso, vale la pena empezar a mirar con ojos más críticos lo que comemos, cómo se produce y quién está detrás. Y al mismo tiempo, buscar espacios de participación colectiva , tejer alianzas, apoyar iniciativas que ya trabajan para hacer las cosas de otra forma.

Lo importante no es hacerlo solas, sino saber que formamos parte de un movimiento amplio y diverso que quiere poner la vida y la justicia en el centro de la alimentación . Y esto, en sí mismo, ya es una forma de abrir futuro.

- ¿Cuál es el objetivo de Justicia Alimentaria, organismo que usted coordina en Cataluña?

Desde Justicia Alimentaria trabajamos por el derecho a una alimentación saludable, justa y sostenible, desde la soberanía alimentaria , que vertebra todos nuestros proyectos: cooperación internacional, educación, investigación e incidencia política. Nacimos en 1987 en la UAB , en la Facultad de Veterinaria, como en Veterinarios Sin Fronteras , y con los años nos convertimos en Justicia Alimentaria, con una mirada transformadora, feminista y decolonial , tanto en el Norte como en el Sur global.