Proponen al Gobierno mejoras para la nueva regulación de la alimentación hospitalaria
La ministra de Sanidad, Mónica García, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunciaron el pasado 22 de mayo el inicio formal de la tramitación de un nuevo Real Decreto destinado a garantizar que las comidas servidas en hospitales y residencias de personas dependientes o con necesidades especiales sean saludables, nutritivas y sostenibles.
El proyecto de normativa se publicó en fase de consulta pública, permitiendo que ciudadanos, organizaciones sociales, profesionales, sindicatos, asociaciones de usuarios y consumidores realizaran aportaciones para mejorar el texto hasta el 21 de junio de 2025. Para responder a esta consulta pública por parte del Gobierno, la SENPE ha elaborado un documento en el que recoge los aspectos a tener en cuenta en la regulación de la alimentación hospitalaria entre las que destacan la obligatoriedad de detectar el riesgo de desnutrición mediante un cribado de desnutrición validado en las primeras 48-72 horas de ingreso o la obligatoriedad de disponer de las fichas técnicas de todos los platos y preparaciones que integran la dieta hospitalaria: la producción de alimentos debe utilizar recetas estandarizadas.
El decreto establecerá criterios mínimos nutricionales y de sostenibilidad para la contratación de servicios de alimentación en hospitales y residencias, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, se fomentará el uso de alimentos frescos, de proximidad y de temporada, legumbres, frutas y verduras, y se eliminarán frituras, ultraprocesados, azúcares añadidos y productos precocinados de los menús.
La medida se alinea con el reciente Real Decreto para comedores escolares saludables y sostenibles, aprobado en abril de 2025, que ya fijó requerimientos similares en centros educativos. Con esta extensión a hospitales y residencias, se impulsa un modelo integral de alimentación pública.
Una vez concluida la fase pública se recopilarán aportaciones y redactará la versión definitiva, que seguirá el trámite habitual: análisis, Consejo de Estado, aprobación del Consejo de Ministros y publicación en el BOE. El objetivo es su entrada en vigor lo antes posible, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta.
Este Real Decreto representa un paso decisivo hacia el reconocimiento de la alimentación como un derecho fundamental y una herramienta terapéutica en los entornos de mayor vulnerabilidad, acompañando la estrategia nacional y europea de salud pública en la lucha contra las enfermedades relacionadas con la dieta.
